La Fiscalía da la espalda a Sánchez y rechaza los recursos de los golpistas en el Tribunal de Cuentas

La Fiscalía ha dado la espalda al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus pactos con los independentistas. El Ministerio Público se ha distanciado de la línea mantenida meses atrás para aliviar la presión judicial contra los cabecillas del procés que están encausados en el Tribunal de Cuentas por el dinero que malversaron para ponerlo al servicio del golpe separatista.

Según ha podido saber OKDIARIO, el fiscal de este órgano de enjuiciamiento contable se ha opuesto de plano a las pretensiones de los procesados, que pretendían un trato de favor para rebajar las responsabilidades económicas a las que se enfrentan. La Fiscalía se ha alineado ahora con la tesis de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC), lo que ha llevado al Tribunal de Cuentas a tumbar las pretensiones de los acusados, entre los que figuran los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el ex vicepresidente Oriol Junqueras.

Entre otras cosas, los cabecillas de la hoja de ruta separatista pretendían que el Tribunal de Cuentas hiciera con ellos una excepción y paralizara el contador de los intereses con los que tendrán que devolver, en su caso, el dinero público que los magistrados consideren probado que malversaron. La Fiscalía y Sociedad Civil Catalana lo cifran entre tres y cinco millones de euros, respectivamente. Sin embargo, en contra de los intereses políticos del Gobierno de Sánchez, el Tribunal de Cuentas ha rechazado esa pretensión por inaudita, en línea con la postura compartida en este caso por la Fiscalía y por SCC, representada esta última en el proceso por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados.

La Fiscalía adopta así una posición totalmente distinta a la que mantuvo meses atrás cuando, por ejemplo, solicitó rebajar las cantidades que inicialmente reclamaba contra los encausados. Todo ello fue ocurriendo en en el marco de unos pactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas que, sucesivamente, se reflejó en los indultos de las condenas de prisión que les impuso el Tribunal Supremo, la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar en la causa que se sigue ante el Tribunal de Cuentas o la decisión de este último de cambiar de criterio y permitir que la Generalitat, pese a ser la Administración directamente perjudicada, avale con dinero público a quienes la saquearon para financiar el golpe separatista.

Escrito del fiscal

Respecto al caso concreto de los intereses, el Tribunal de Cuentas ha secundado la posición de Fiscalía y SCC al considerar que no ha lugar lo que sería un trato de favor para los golpistas, ya que el contador de esos intereses por dinero público desviado solo se paraliza cuando se han devuelto los fondos. Así, el escrito del fiscal subraya que «sólo el pago del principal extingue la obligación de abonar intereses (…) cuyo cálculo se realizará desde el día en el que la obligación debió cumplirse hasta la completa satisfacción del derecho».

La Fiscalía alega en su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que «el recurrente debe soportar las consecuencias derivadas de su propia decisión y actuación procesal en la medida en que repercuta en la obligación de indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por la Entidad perjudicada. Se produce cuando el recurrente no acepta la liquidación provisional y se opone en el procedimiento de reintegro por alcance», subrayan.

El objetivo de los separatistas procesados es evitarse el máximo posible en su condena patrimonial y, así, blindar sus propiedades además de retrasar todo lo posible la sentencia mediante la interposición de recursos. Finalmente, rechazadas estas últimas alegaciones de los separatistas, el juicio tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

Dicen los encausados que los intereses a los que se enfrentan, dado el tiempo transcurrido desde que se produjo la malversación, puede ascender a tal cantidad que atenta contra su «derecho a la propiedad». Y que, dado que compromete sus bolsillos en exceso, dicen que también infringe el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Es decir, alegan que no pueden defenderse libremente porque cuantos más recursos presenten más corre el tiempo y más intereses suman. Pero eso, como les ha recordado el Tribunal de Cuentas, es fruto de los actos de los que se les acusa y es algo a lo que se enfrenta cualquier otro encausado ante este órgano jurisdiccional.

Respecto a esa supuesta infracción constitucional –el derecho a la tutela judicial efectiva– que alegan los encausados, la Fiscalía también les ha respondido con contundencia. No sólo por el fondo sino por la forma. Así, recuerda a los abogados de los golpistas que «no procede en este momento procesal promover la cuestión de constitucionalidad que se pretende». Y remarca: «El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión de constitucionalidad una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, lo que no sucede en este caso en el que aún estamos a la espera de que se celebre el juicio».

Pedro Sánchez

El adelanto electoral de Pedro Sánchez ha desmontado al completo la estrategia que los cabecillas del procés han estado siguiendo hasta ahora, es decir, retrasar el proceso que se sigue contra ellos en el Tribunal de Cuentas (TCu) lo máximo posible para blanquear responsabilidades económicas. Ahora que el Tribunal ya ha marcado fecha de juicio –el próximo 17 de noviembre– y, debido al sorpresivo adelanto electoral, es probable que el juicio tenga lugar con un nuevo Gobierno y la estrategia entre Sánchez y los independentistas no termine como ellos pretendían.

De confirmarse el vuelco electoral que se prevé, eso hará que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pasen a estar bajo la dependencia orgánico-administrativa de un Ejecutivo de centroderecha. Un relevo en Moncloa podría volver a posiciones más rigurosas e incluso a maniobrar para intentar defender los intereses públicos solicitando que el Estado se personara en la causa como perjudicado, con sus letrados como acusación contra los independentistas procesados.

Son 34 encausados en total que se enfrentan a unas peticiones de conjunto de entre 3 y 5 millones de euros por malversación de caudales de la Generalitat al servicio del golpe secesionista. Y a eso hay que sumarle los cuantiosos intereses que también tendrán que abonar, calculados desde el momento en que se produjeron los hechos hasta que salden la deuda. Mientras el Gobierno de Sánchez agota legislatura, el banquillo del Tribunal de Cuentas espera a los líderes del golpe independentista.